PEM

El proyecto de Zonificación Ecológica Territorial (TEZ) en México es una iniciativa de política pública para regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el objetivo de proteger el medio ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales.

La TEZ se centra en el equilibrio entre las actividades económicas y la conservación de los recursos, involucrando a los tres niveles de gobierno y la sociedad en un proceso de gestión ambiental transparente.

Este proyecto se enfoca en la región del Pacífico Sur-Central, una zona que abarca 1,2 millones de kilómetros cuadrados con una población costera de unos 20,5 millones de personas. El proceso de zonificación incluye áreas como la Zona Económica Exclusiva y la Zona Federal Marítimo Terrestre, y se lleva a cabo con la participación de comunidades locales, incluyendo poblaciones indígenas costeras.

Las principales actividades del proyecto incluyen la actualización de análisis de línea base, la preparación de escenarios de previsión, el desarrollo de un modelo de TEZ y un programa de gestión ecológica, y la presentación y aprobación de la propuesta por un comité de planificación ecológica. El proyecto también documentará los impactos de la pandemia de COVID-19 en sectores clave.

El objetivo final es adoptar formalmente el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino para la región, mediante un Decreto Presidencial y un Acuerdo Secretarial. Este esfuerzo busca garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible, proteger la biodiversidad, y mejorar la resiliencia de las comunidades y ecosistemas frente a desafíos ambientales y socioeconómicos actuales y futuros.

El plan de manejo y planificación espacial para la explotación de atún y especies afines en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico costarricense, iniciado en 2014, ha establecido áreas específicas para diferentes tipos de tipos de pesca, prohibiendo la pesca con cerco en ciertos polígonos tipos de pesca, prohibiendo la pesca con cerco en ciertos polígonos y promoviendo métodos sostenibles como el palo verde. Esta regulación, impulsada por distintos grupos de interés como la Federación Costarricense de Pesca y la Cámara del Sector Palangrero, busca equilibrar las necesidades de los pescadores recreativos y comerciales. Sin embargo, ha generado tensiones, especialmente por las diferencias en la gestión de zonas y licencias de pesca.

Para mejorar la coordinación y participación en la gestión de los recursos marinos, se creó un mecanismo de gobernanza marina. Este mecanismo incluye la formación de comités y planes maestros marinos con el objetivo de involucrar a comunidades y usuarios de recursos marinos en el proceso de gestión.

El proyecto piloto busca avanzar en la planificación espacial y hacer operativa la zonificación de la pesca de atún y especies afines. Se enfocará en desarrollar un mecanismo de participación y consulta para la gestión colaborativa de la pesquería, analizando la situación actual de la pesquería y preparando un plan de gestión. Este plan se centrará en técnicas de pesca sostenibles y en la conservación de hábitats críticos y áreas marinas protegidas, con el fin de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental.

El Golfo de Chiriquí en Panamá, que se extiende desde Punta Burica hasta Punta Mariato, es una región de alta biodiversidad y valor conservacionista, con manglares, arrecifes de coral y playas de anidación de tortugas marinas.  Este golfo es también una zona crucial para la pesca artesanal, industrial y recreativa, abarcando una amplia variedad de especies, pero enfrenta problemas como capturas accidentales significativas, incluyendo especies en peligro como el tiburón martillo. El área incluye importantes sitios de biodiversidad y áreas protegidas, como el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina, que albergan una rica fauna de arrecife y son cruciales para especies como las tortugas marinas y los tiburones ballena.

El Parque Nacional Coiba, con su Zona Especial de Protección Marina, presenta desafíos significativos en términos de gestión y conservación, a pesar de ser reconocido como Patrimonio Mundial. Las amenazas incluyen la pesca no regulada, la escasa aplicación de normativas y la creciente presión del turismo, lo que afecta la biodiversidad local. Existe un esfuerzo continuo para fortalecer la gestión del parque y su zona especial, con un enfoque en reforzar la normativa pesquera y mejorar la vigilancia y el control.

El proyecto piloto en Panamá se centra en desarrollar un esquema de zonificación de las aguas marinas en el área de influencia del Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina. Este proceso participativo busca reducir conflictos y proteger los recursos de biodiversidad mediante un enfoque de gobernanza participativa, desarrollo de procesos participativos para definir la zonificación, y promoción de la comunicación y replicabilidad. El objetivo es garantizar el valor de los hábitats críticos y las áreas marinas protegidas, a la vez que se fomenta la gestión sostenible de la zona.

Ecuador, un pionero en la gestión integrada de zonas costeras (GIZC), está desarrollando un modelo de gestión basado en los ecosistemas para mejorar la gobernanza en sus aguas internas, la playa marina y la franja adyacente. El Código Orgánico del Ambiente (COA) de 2017 y su reglamento de 2019 han establecido la obligatoriedad de que los municipios costeros elaboren planes de gestión costera integrada y de gestión de la playa marítima y la franja adyacente, definiendo claramente los límites de estas zonas.

El desafío actual reside en la elaboración de estos planes, particularmente el plan de gestión costera integrada (ICMP), debido a la falta de experiencia previa y la limitada jurisdicción de los municipios sobre las aguas costeras. Este proyecto piloto en Ecuador tiene como objetivo preparar el primer ICMP y plan de gestión de la playa marítima y la franja adyacente (MPBAS) del país, sirviendo como experiencia y lección para futuros desarrollos.

El proyecto se llevará a cabo en tres municipios de la provincia de Manabí: Pedernales, Jama y San Vicente. Incluirá un enfoque participativo para desarrollar un plan de gestión de la franja oceánica y el plan de gestión de la playa marítima y la franja adyacente para cada municipio, teniendo en cuenta factores como los hábitats críticos y las áreas marinas protegidas. Además, el proyecto integrará consideraciones de género en los procesos de planificación, asegurando la inclusión y participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones y en las comunicaciones del proyecto